En las últimas semanas la agenda violenta de la MUD ha sufrido desgastes que pudieran atribuirse a cansancio entre sus seguidores o vergüenza ante linchamientos, asesinatos a jóvenes y adolescentes desde sus filas en enfrentamientos violentos con cuerpos de seguridad, la Fiscal General ha oxigenado cada uno de esos desmayos.

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Debido a que la Asamblea Nacional (AN), de mayoría antichavista, se ha encontrado en desacato desde 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió en marzo pasado las sentencias 155 y 156 para poder mantener la estabilidad de las instituciones y el Estado de Derecho venezolano frente a amenazas internas y externas. La fiscal general Luisa Ortega Díaz denunció el 31 de marzo su supuesta inconstitucionalidad y de manera casi simultánea se produjeron cierres de vías en varios puntos de Caracas y alrededores.

La posición de Ortega Díaz generó un impasse que fue resuelto con la convocatoria al Consejo de Defensa de la Nación realizada por el presidente Maduro. La Fiscal, quien provocó que se convocara el Consejo, no estuvo en la reunión, tampoco Julio Borges, presidente de la AN electo en medio de la condición de desacato.

En dicha reunión se decidió exhortar al TSJ a que revisara las sentencias 155 y 156, al día siguiente la Sala Constitucional decidió suprimir los puntos controversiales de las sentencias pero la agenda de violencia fue intensificada por la MUD, se mantuvieron en la exigencia de sanciones a los magistrados de la sala en cuestión, solicitud que el Consejo Moral Republicano declaró «improcedente» debido a que el TSJ aclaró la sentencia con un acto posterior; se desconoce el voto de la Fiscal en la reunión del Consejo Moral.

Ese mismo día fue quemada la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, posteriormente detenidos los autores materiales del hecho quienes confesaron que la orden fue generada desde la dirigencia de Primero Justicia.